La demolición del Estado Constitucional en Venezuela, un Estado Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y Justicia, montado sobre un sistema de economía mixta, capitalista de libre empresa y propiedad multiple de los medios de producción, que combina ambas con la intervención del estado, para asegurar la justicia social (sistema de Mercado Social). Con la finalidad de imponer a los venezolanos, en burla continuada a la voluntad popular expresada en ejercicio libre de su soberanía y en fraude continuado a la Constitución Nacional, un Estado Sedicente Socialista, de contenido Castrocomunista, Centralizado, Totalitaritarista-Militarista y Policial, denominado Estado del Poder Popular Socialista o Estado Comunal, con el objetivo fundamental de lograr la destrucción de la democracia representativa, la eliminación de la libertad económica y del derecho de propiedad como derechos constitucionales, y el establecimiento de un sistema estatísta de planificación centralizada y colectivista (concepción de Marx). Todo ello con el expreso propósito de instaurar un régimen totalitarista-militatrista, y vitalicio, de corte castrofacista, de hegemonía total y absoluta sobre la sociedad venezolana, semejante al que padecen nuestros hermanos de Cuba por más de media centuria, y de algunos países africanos por varias décadas.
Características del Poder Comunal que se quiere imponer al pueblo.
Un gobierno de facto con la complicidad de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Lo que se busca efectuar es una radical transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico para:
PRIMERO, transformar el Estado Constitucional en un Estado Centralizado, de poder concentrado bajo la ilusión del Poder Popular, lo que implica la eliminación definitiva de la forma federal del Estado, imposibilitando la participación política y degradando la democracia representativa; todo ello, mediante la supuesta organización de la población para la participación en los Consejos del Poder Popular, como las Comunas, que son instituciones sin autonomía política alguna, cuyos miembros declaran que no son electos, y que son controlados desde la Jefatura del gobierno y para cuyo funcionamiento, el instrumento preciso es el partido único que el Estado ha tratado de crear en los últimos años. Materialmente desaparece la democracia representativa y las autonomías político territoriales, sustituyéndosela por una supuesta democracia “participativa, protagónica y corresponsable” controlada total y centralizadamente por
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(1)Reflexion sobre las ideas expuestas por los Profesores Manuel Rodríguez Mena, Alan R. Brewer-Carías, Pedro Nikken, el padre Luís Ugalde sobre las verdaderas intenciones del régimen que encabeza el teniente coronel (retirado del servicio activo) Hugo Rafaél Chávez Frías.
SEGUNDO, transformar el Estado Constitucional en un Estado Sedicente Socialista, que implica la eliminación de la libertad económica y de la iniciativa privada, así como la casi desaparición de la propiedad privada, dándosele al Estado la propiedad de los medios de producción, la planificación centralizada y la posibilidad de confiscar bienes de las personas materialmente sin límites, configurándolo como un Estado del cual todo depende, y a cuya burocracia queda sujeta la totalidad de la población; lo que choca con las ideas de libertad y solidaridad social que se proclaman en la propia Constitución, sentando las bases para que el Estado sustituya a la propia sociedad y a las iniciativas particulares, minimizándoselas. Lo que se aparta radicalmente de la concepción del Estado civil social y democrático de derecho y de justicia, de economía mixta que reguló la Constitución de 1999.
TERCERO, transformar el Estado en un Estado Militarista, dado el rol que se le da a la “Fuerza Armada Bolivariana” en su configuración y funcionamiento, toda sometida al Jefe de Estado, y con la inconstitucional creación del nuevo componente como es la Milicia Popular Bolivariana.
Se pretende entonces, la conformación de un Estado del Poder Popular o del Poder Comunal, o Estado Comunal, estructurado desde los Consejos Comunales como unidades políticas primarias u organizaciones sociales no electas mediante sufragio universal, directo y secreto, supuestamente dispuestas para canalizar la participación ciudadana, dando conformidad a un sistema de conducción centralizada, desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional, donde no hay autonomias territoriales. Montado sobre un supuesto ejercicio de la soberanía del pueblo, ejercido en forma directa a mano alzada.
Se quiere imponer un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa, violándose abiertamente la Constitución de la República y los Convenios Internacionales vigentes en ella, al pretender que los derechos individuales del pueblo se eliminen y queden subordinados a los colectivos. Y a su vez esos derechos colectivos reposan en organizaciones que obedecen, en su existencia y funcionamiento, únicamente al Poder Ejecutivo, al presidente y su partido político.
El sistema que se pretende montar, estará controlado por Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, lejos de ser un instrumento de descentralización, es un sistema de centralización y de control férreo de las comunidades por el Poder Central.
En otras palabras, eliminar la esencia de la democracia representativa y hacerla desaparecer, al quitarle a los ciudadanos el poder de elegir, mediante sufragio universal, directo y secreto, a los representantes quienes en su nombre ejercerán la soberanía, y delegárselo a instancias de “Consejos del Poder Popular”, como los Consejos Comunales, lo que implica la eliminación definitive de la forma federal del estado, quedando éstas controladas por el Gobierno y su partido político. Crea además, la figura de “voceros’ o “vocerías”, que no tienen libertad de conciencia y actuación, especie de “corre, ve y dile” o “lleva y trae”, los cuales son elegidos a mano alzada, entre candidatos y procesos de elección, en asambleas previamente acordada y controladas. Todo lo cual adversa al sufragio, conspira contra la pluralidad democrática, la alternabilidad republicana y toda idea de descentralización del poder, y donde todo se concentra en la decisión del Jefe de Estado.
La estructuración de un Estado Sedicente Socialista, sustituyendo al sistema de libertad económica y Estado de economía mixta que existe en Venezuela, por un sistema de economía estatista y colectivista, sometido a una planificación centralizada, minimizando el rol del individuo y eliminando todo vestigio de libertad económica y de propiedad privada. Sistema éste que ha fracasado en casi todos los países en que se ha tratado de instaurar y que hoy el gobierno de Cuba está tratando de modificar para salir de la situación económica y social a la que le ha llevado más de media centuria de intento.
¿Cuál ha sido la actuación del pueblo soberano, en acatamiento de la Constitución Nacional?
El pueblo, en apego a su vocación democrática y a pesar del esfuerzo desplegado por el gobierno de hacerlo salir de su cauce democrático, ha venido concurriendo, cada vez que ha sido convocado, en acatamiento de sus deberes y derechos ciudadanos, contemplados en la Constitución Nacional, por vía del ejercicio de la democracia representativa, y mediante el voto universal y secreto, para ejercer su poder originario y de soberanía, aún bajo las reglas que fraudulentamente ha impuesto el órgano del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral.
El ejercicio del poder soberano del pueblo, revocó el mandato del Presidente el 15 de agosto de 2004, según lo contemplado en el Artículo 72 de la Constitución Nacional(2) toda vez que la misma no contempla el “plebiscito”.
No queda duda ni admite otra interpretación, que de la aplicación de éste artículo quedó de inmediato, eo ipso, revocado el mandato del Presidente Chávez, toda vez que los votos a favor de la revocatoria fueron 3.989.008, que superaron ampliamente a los 3.757.773, con que fue electo en las elecciones del 3 de Julio del 2000, pero Chávez permaneció en el poder, sin que la dirigencia política partidista y los Poderes Públicos se lo reclamaran, , dejando al pueblo indefenso ante el grave hecho.
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(2) Artículo 72:-Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.
En consecuencia, de inmediato, al no aplicarse la falta absoluta contemplada en la Constitución y la Ley, su gobierno se transformó en “de facto” (Un gobierno de facto -de hecho o non de iure, es aquel que, si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido formalmente por ninguna norma jurídica.), y todas las acciones, decisiones y actos que tomara con posterioridad a esta fecha, son nulos de toda nulidad, como en efecto los son.
De igual manera, la pretensión de imponer a “troche y moche” el Estado Comunal y los Consejos del Poder popular, fueron rechazada por el pueblo, el 7 de diciembre de 2007, en ejercicio de su poder originario y de soberanía, haciendo uso del mecanismos de referendo previsto en la Constitución Nacional, mediante el cual el pueblo rechazó, en todos sus particulares y en su conjuntos, la pretendida Reforma de la Constitución Nacional, incluyendo la no reelección presidencial . Por otra parte, de acuerdo con la Constitución Nacional, no se puede admitir dentro del mismo período constitucional la solicitud de cualquiera de los cambios rechazados. No obstante, la Asamblea Nacional aceptó y el Consejo Nacional Electoral lo avaló, llevar de nuevo a referendo la reelección, contraviniendo ambos lo expresado en la Constitución Nacional y la voluntad del pueblo, antes expresada, imponiendo impunemente el gobierno, bajo presión, su mayoría. De igual manera, la dirigencia política partidista fue incapáz de de canalizar el reclamo de la inmensa mayoría de venezolanos a esta nueva violación a la Constitución Nacional y la burla a la voluntad del pueblo antes expresada.
Recientemente, el 26 de septiembre del 2010, de nuevo el pueblo, haciendo uso del ejercicio de su poder originario y de soberanía, que caracteriza a la democracia representativa, mediante el sufragio directo y secreto, en ocasión de las elecciones legislativas efectuadas en la fecha antes indicada, echó por tierra las pretensiones del “ilegal plebiscito” del propio Presidente, su Partido, y el empeño de implantar un Estado Sedicente Socialista de contenido Castrocomunista,, pues la inmensa mayoría votó en contrario, y deslegitimó aún más a la anterior Asamblea Nacional.
¿Cual ha sido la actuación del Gobierno y de los Poderes Públicos?
Después de evidenciada la ilegitimidad de la Asamblea Nacional, a raíz de las elecciones del 26 de septiembre de 2010 de los diputados de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo, aquella sancionó un conjunto de Leyes Orgánicas, al margen de la Constitución y en fraude a la voluntad popular, que configuran el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que el Estado Sedicente Socialista de contenido Castrocomunista, Centralizado, Totalitarista-Militarista y Policial, denominado Estado Comunal, y aún más, extralimitó sus funciones y poderes más allá del período legal reglamentario, y sancionó una Ley Habilitante, mediante la cual cede los poderes legislativos de la nueva Asamblea Nacional, legal y legítima, para que el Presidente de la República, dicte leyes de todo tipo, incluso de carácter orgánico, vaciando así, por un período de 18 meses y hasta el 2012, a la nueva Asamblea Nacional en materias sobre las cuales legislar, concentrando todo el poder legislativo en el Presidente de la República. Hecho de por tan insólito, que recientemente la Sala Constitucional del TSJ admitió el recurso de inconstitucionalidad de la Ley Habilitante, que solicitara Henry Pereira Gorrín.
Todo lo cual indica que estamos, de hecho, ante una situación que configura un golpe de estado continuado, en que no existe un Estado de Derecho y de Justicia, y se está subvirtiendo la República.
¿Qué ha estado haciendo el Gobierno y los Poderes Públicos en línea con la instauración del Proyecto Castrochavista?
El Gobierno con la concertación de la Asamblea Nacional ilegítima, y funcionarios con alto poder decisorio dentro de los Poderes Públicos, actuando en complicidad y agavillamiento, y en abierta violación de la Constitución Nacional y de la voluntad popular tantas veces expresada, de manera atropellada han venido sentando las bases jurídicas del Estado Comunal anticonstitucional, paralelo al Estado Constitucional, el cual irá vaciando progresivamente de competencias al segundo. Además, han venido obstaculizando todo intento de restituir el Estado de Derecho y de Justicia, mediante argucias y artilugios legales a su alcance, incluso la amenazas de destitución y chantaje sobre los Jueces, para que independientemente del ejercicio autónomo, ético y moral, que los asista, decidan siempre a favor del gobierno. De esta manera, han prostituido y politizado la administración de la justicia.
En vista que el líder único del gobierno ha visto reducir progresivamente su popularidad, su credibilidad y su capacidad de convocatoria; y, en consecuencia, su proyecto político carece de respaldo popular, ha resuelto imponerlo, a troche y moche, y a la fuerza.
¿Cuál ha sido el avance del gobierno en su proyecto Castrochavista?
El Estamento Convencional Opositor (ECO) compuesto por dirigentes partidistas, líderes sectoriales y analístas que le prestan servicios profesionales por lo común remunerados, ha sido impotente ante la agresión arrolladora de la Revolución Castrochavista
Por haberse concentrado en actuar en el escenario de las apariencias democráticas, el ECO no ha podido evitar, ni siquiera refrenar, que la revolución Castrochavista haya aplicado brutalmente su estrategia capital de destrucción de los ámbitos democráticos y haya avanzado en el logro de su objetivo supremo de construcción del militarismo totalitario. Hasta el menos conocedor en política diría que ésa es precisamente su función fundamental y su razón de ser como opositor o disidente.
A manera de botones de muestra, vengan a colación sólo algunos de los casos más significativos:
En doce años de revolución Castrochavista, 22 mil inmuebles han sido invadidos, en buena parte de los casos con el apoyo de cuerpos armados oficiales e irregulares.
Según el Informe 2009 del Observatorio de Derechos de Propiedad, la revolución Castrochavista ha cometido 1.119 violaciones contra la propiedad privada entre 2005 y 2009, casi siempre con fuerza y con violencia, es decir, revolucionariamente. Además, desconociendo títulos de propiedad y no pagando bienhechurías, o sea, a la revolucionaria. No es ni más ni menos que el metodo "Chaz", proclamado por el mandatario como la fórmula para despojar a los propietarios, en una violación abusiva e ilegal del derecho de propiedad. Consiste en producir una ocupación de facto, no de derecho, amedrentando, secuestrando e incomunicando, para obligar a quien así es sometido a doblegarse y terminar pactando con el gobierno la cesión aparentemente voluntaria de parte de su propiedad para no terminar perdiéndolo todo, al menos momentáneamente, pues cuando lo arrebatado parezca insuficiente, vendrán por el resto
En los últimos cinco años la revolución Castrochavista ha ejecutado 762 apropiaciones (indebidas casi todas) correspondiéndole 624 a empresas de variada índole. Apropiaciones todas anticonstitucionales, todas ilegales, sin compensación alguna. La casi totalidad de esas empresas está hoy en día en quiebra o abandono. El año pasado, el presidente Chávez ordenó la confiscación de 286 organizaciones privadas, sin tomar en cuenta su capacidad productiva y la estabilidad de sus trabajadores. Sólo en el mes de enero de ese año fueron tomadas 31 empresas.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1999 y 2007 el parque industrial venezolano fue reducido a la fuerza en 36%, al pasar de 11.117 a 7.093 empresas manufactureras, de las cuales 3.282 eran pequeñas empresas, es decir, pueblo llano que fue arruinado en la modesta propiedad que le sustentaba la vida. Estamos hablando de miles de empresas destruidas por el acoso de la revolución Castrochavista a base de abusos de poder, atropellos ilegales, medidas arbitrarias, controles represivos o con la aplicación discrecional de leyes. reglamentos, disposiciones, instructivos, etc.
Los estudios desarrollados por el Banco Central de Venezuela (BCV) arrojan que el sector manufacturero registra una caída de 8 trimestres consecutivos, lo cual se traduce en más desempleo, pobreza y escasez de productos en el país. El INE publicó que en estos 11 años se perdieron 500 mil empleos formales.
Los estudios presentados por el INE indican que un millón 300 mil personas se encuentran desempleadas en el país. El país apenas tiene dos millones de personas en trabajo formal en el sector privado. Y un contingente muy grande, de dos millones y medio dependiendo de la Administración pública, dependiendo del gobireno de sus misisones y la mitad de la masa laboral trabajando en la informalidad.
Las empresas en manos del Estado registran la producción más baja de su historia. Así lo confirmó el presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, quien también lamentó el aumento de las importaciones y el cese de las exportaciones. "La empresa Cemex produce hoy apenas un 50% de su capacidad; el sector de cabillas está fabricando muy por debajo de lo que era su producción y Sidor apenas llega a un tercio de lo que hacía mientras estaba en manos privadas".
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha “rescatado” 2 millones 900 mil hectáreas de tierras productivas. El INTI llama “rescate” al asalto con violencia, con la Guardia Nacional y Castrochavistas armados, comandados por funcionarios de ese Instituto, que despoja y desaloja a la fuerza a inermes propietarios legales de esos fundos agropecuarios y a sus trabajadores, sin la menor posibilidad de indemnización, de protesta o de amparo. De todas las hectáreas “rescatadas”, sólo el 1,6% se mantiene en producción. Según FEDELAGO, tomará más de veinte años recuperar la producción láctea afectada por los “rescates”.
Señala Alejandro Riera, exministro del primer gabinete agrícola del gobierno chavista, que en 1999 había en el país 12,5 millones de cabezas de ganado. Ahora, sin contar lo que pasó en el Sur del Lago de Maracaibo, en el 2011 se redujo a 7,5 millones. Y además, se produce la mtad de la leche que se producía en Venezuela en 1999, y que luego de casi doce años, hoy el país tenga que importar café, arroz, maíz blanco, azúcar cruda, caraotas, carne y leche, para sostener el consumo.
Para pagar las expropiaciones como corresponde, la revolución Castrochavista tendría que desembolsar 23.300 millones de dólares. Pero no los ha pagado porque alega no tenerlos, pues los más de un millón de millones de dólares que ha manejado en doce años se han aplicado a otros gastos que, al parecer, la revolución considera más importantes
La revolución Castrochavista le adeuda a trabajadores venezolanos BsF 15 millardos de BsF, --es decir 12 billones (millones de millones) de los antiguos-- por prestaciones sociales, incurriendo en un retraso no sólo ilegal sino también atentario a los derechos humanos y criminal por inhumano.
De los empleados y obreros de la Administración Pública (nacional, regional y municipal, y de empresas del Estado) un millón y medio vienen sufriendo, desde el año 2004, la prórroga sucesiva de sus contratos colectivos; desde entonces, sólo han percibido unos que otros aumentos de salario por decretos presidenciales. Otros 500 mil han logrado con gran esfuerzo la firma de sus contratos colectivos, pero en condiciones inferiores a sus aspiraciones.
En su proyecto de pulverizar al movimiento sindical mediante la criminalización de la protesta, el gobireno con la colaboración de los órganos judiciales, mantiene a 2.500 trabajadores en todo el país bajo casos de acusación en diversas instancias y están siendo enjuiciados 280 dirigentes sindicales. Siendo el caso más reciente la condena del dirigente sindical Rubén González de Ferrominera a la pena de 7 años y 6 meses de cárcel, después de 17 meses detenido y 14 en prisión. El 03 de marzo de 2011, la Sala de Casación Penal del TSJ dictó una medida sustitutiva de libertad, y González deberá presentarse ante el Tribunal cada 15 días y tiene prohibición de salida del país. Lo cual deja en evidencia el carácter emienetemente politico y la sumisión de algunos de los jueces del TSJ al gobierno, por que no hay duda de donde salió la orden.
En cuanto respecta a los poderes públicos, todos han funcionado coordinadamente para darle soporte legal e institucional a la estrategia destructiva de todos los ámbitos democráticos de la sociedad venezolana, mientras que el ejecutivo nacional y la mayoría Castrochavista de la asamblea nacional y del tribunal supremo de justicia, han venido montando el entramado institucional y legal del régimen totalitaritarista-militarista que es su objetivo supremo, incluso desarrollando aspectos que estaban incluidos en la propuesta de reforma a la Constitución que fue rechazada por mayoría popular en el referendum de diciembre de 2007. Pero ya sabemos que el convencionalismo político impuesto por la revolución Castrochavista y aceptado por el ECO le permite a ella violar la Constitución Nacional y las leyes de la República cuándo, cómo, donde y en cuánto le sea necesario. En ésas llevamos doce años.
El proyecto subversivo contrademocrático totalitarista-militarista de la revolución Castrochavista ha sido, pues, rotundamente exitoso gracias, por una parte, a la ayuda ilegal, delictiva, criminal e inmoral de las marionetas serviles de los poderes públicos y en general de todo el aparato de administración pública; y por la otra, gracias a la omisión y a la elusión permanentes del ECO.
¿Qué observamos hoy?
Violación flagrante y continuada de la Constitución Nacional y burla de la voluntad del pueblo.
Todos los Poderes Públicos secuestrados y sus funcionarios de rango, salvo contadas excepciones, a la orden del gobernante de turno.
El Poder Civil está subordinado al Poder Militarista, en contravención a lo expresamente señalado en la Constitución Nacional y a los Convenios Internacionales contenidos en ella. Hecho que se deriva de las decisiones inconsultas del teniente coronel (retirado) de autoincorporarse a las Fuerzas Armadas Nacionales y autoascenderse con el grado que le corresponde, como máxima autoridad civil, de Comandante en Jefe, pero transformándolo en el más alto grado “militar”, y vitalicio, en un acto meramente privado. Un autoritarismo más de un presidente que no representa la majestad del cargo que ostenta.
La Asamblea Nacional ilegítima, recientemente fenecida, extremándose en su competencia, le otorgó la potestad de legislar en todas las materias al Presidente, castrando así por un período de 18 meses hasta el 2012,a la nueva Asamblea Nacional en su función per se, transformándola en un Poder inoperante.
El gobierno no entrega cuenta clara de su actuación como lo establece la Constitución Nacional, ni los órganos competentes se lo exigen. Hoy ha transformado la Asamblea Nacional en un verdadero “circo de payasos”, en maratónicas cadenas de radio y televisión, los miembros de su inmensa comitiva gubernamental inventan logros, falsean las cifras, mienten descaradamente al pueblo, con todos sus vicios y defectos, delitos y crímenes, tratando de tapar el inmenso desastre económico y social en que han sumido al país y con ello, pretender protegerle la imagen a su “comandante presidente”, atrayendo hacia ellos la responsabilidad de los desaciertos e incumplimientos, y reforzarle al proceso una condición democrática de la que carece. Promocionando además, en orquestada actuación, el proyecto Castrochavista, bajo la comparsa de su bancada de eunucos mentales, borregos trastocados en focas aplaudidoras y de coreadores de consignas vacías, pretendiendo burlarse de la inteligencia del pueblo, que no tiene sino que mirar al su alrededor para darse cuenta de la realidad de los hechos y de las mentiras que pretenden hacerle creer.
En resumen, el pueblo está a merced de un gobernante investido inconstitucionalmente de poderes absolutos, y blindado con todo un marco normativo, para que, a troche y moche, instaure el Proyecto Castrochavista, y entierre todo vestigio de democracia, de libertad, de derecho y de justicia
¿Qué camino le queda al pueblo?
Cumplidas las actuaciones de solicitud de justicia ante las diferentes instancias nacionales y por diversos caminos, y vista las respuestass negativas recibidas, que confirman la intencionada negación de la justicia, las violaciones continuadas de la Constitución Nacional, la burla a la voluntad del pueblo, y la violación de los Derechos Humanos, se ha concurrido a las instancias internacionales de vigilancia, control y decisión, para que se pronuncien y demanden el cumplimiento de las normas internas de derechos humanos y de los acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela, sin que el Gobierno rectifique. Por el contrario, no solamente ha concretado su conducta a violar el derecho interno sino, a extender tal violación a las normas de derecho internacional público, contenidas en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
No queda entonces otro camino, sino convocar al pueblo democrático, para que se organice en función de la defensa de sus derechos y en logro de sus objetivos comunes, y mediante una acción colectiva cívica pero enérgica, vale decir su vida misma, centrada en la aplicación inteligente, sistemática, permanente, inflexible y contundente del Artículo 350 de la Constitución Nacional vigente (3) , dé cumplimiento a los derechos que acuerda, y los deberes que impone la Constitución Nacional como ciudadanos, e impida, a todo evento, que el Gobierno y los Poderes Públicos continúen en su Proyecto de destrucción del Estado Constitucional Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y se restituya el Estado de Derecho y de Justicia, se respete la Democracia y se inicie el camino hacia la autentica Democracia, antes que cualquier esfuerzo sea inútil.
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(3) Art. 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.)
¿Con qué se cuenta?
No hay duda que el gobierno ha venido progresivamente disminuyendo su caudal de aceptación popular, lo que queda evidenciado en cada proceso electoral, al punto que si tomamos el resultado de las últimas elecciones y con base al padrón electoral, aún no depurado y amañado, el gobierno se adjudicó el 31% de los votos, la llamada mesa de la unidad acompañada de la oposición democrática, y de la disidencia del gobierno se adjudicó el 32%, y la abstención, conformada por todos aquellos que no se sienten motivados por ninguno de los dos bandos, los tradicionales abstencionistas, los contabilizados en el padrón electoral, pero que son inexistentes, y los que por razones de exilio no pudieron participar, y los votos nulos, conforman el restante 37%, siendo entoces una gran mayoría.
Por otra parte, a medida que las circunstancia sociales y económicas se van acentuando, como el terrible efecto de la descontrolada inflación, la pérdida de la capacidad productiva del país, el galopante desempleo, la restricción del ingreso de divisas, el deterioro de Pdvsa y de las empresas básicas, el crecimiento de la pobreza, la inseguridad reinante, y la pérdida progresiva de la democracia y la libertad, el pueblo antes seguidor de un falso líder mesiánico, ha cobrado conciencia del vil engaño y burla continuada de que ha sido objeto y de la imposibilidad cada vez más cierta de que se le cumplan las promesas hechas, está a la espera de una convocatoria válida, para reclamar sus derechos de una existencia digna. A eso le teme Chávez, y por eso ve como cada vez más menguadas sus posibilidades de ser reelecto, por lo que está copando todos los espacios comunicacionales para crear falsas expectativas sobre su proyecto Castrochavista y su intención de no permitir su derrota, a cualquier precio.
Es un hecho cierto y comunicacional, que el Consejo Nacional Electoral no ha elaborado el Reglamento General de la Ley de Procesos Electorales para adaptarla a la Constitución Nacional, quedando cada proceso a la potestad de lo que decrete, según la conveniencia de lo que imponga el presidente de la República y su partido político, a la directiva de ese Consejo, donde la integración de los mismos no obedece a la independencia de sus integrantes ni a la correlación de las fuerzas políticas sino, al capricho de una Asamblea Nacional ilegítima y de la Sala Constitucional del TSJ.
Por otra parte, el CNE tampoco ha sido capáz de elaborar, un padrón electoral que ofrezca la confianza necesaria a la ciudadanía. Diversas fallas se han evidenciado y denunciado, entre otras, electores fisicamente inexistentes, bien por que han fenecido y no han sido sacados del registro, ó por que se han registrados personas con más de una cédula de identidad (multicedulados) y de extranjeros que carecen de legimitad como sufragantes a un ningún nivel de elección, y más grave aún, múltiples electores cuyo domicilio declarado coinciden, de manera tal que físicamente es imposible que residan en una misma localidad. Todo ello producto que el proceso cedulación y de registro electoral están bajo la responsabilidad del CNE, valga decir del gobierno, sin que le esté permitido a los partidos políticos, salvo el PSUV por razones obvias, acceder al registro para constatar las irregularidades, y sin que exista la instancia fiscal que certifique la legitimidad de los actos.
El reprentante de Copei en el CNE, Enrique Naime, denuncia que en el registro Permanente de Electores (REP) para el 27 de septiembre de 2010, aparecen solo 57.240 venezolanos como residentes en el extranjero, y que la verdadera cantidad asciende 540.000, que no han podido normalizar su situación por las trabas e ineficiencias de los consulados venezolanos. Por otra parte, el gobierno mantiene el arraiga de los damnificados en los lugares que escogió, con el propósito de mantenerlos controlados a favor del proceso.
Adicionalmente, la integración de las dependencias administrativas del CNE está en manos de funcionarios, en su gran mayoría militantes del PSUV y funcionarios del Ejecutivo, por lo que deja dudas razonables de la idoneidad de sus actuaciones.
Por último, la tardanza inexplicable de la Presidencia del CNE para dar los resultados de los procesos electorales, pese a los gastos cuantiósos empleados en modernización y adecuación de los medios electrónicos para facilitar el acto de votación, escrutino de votos y prontitud de sus resultados, que han sido calificados como de los mejores del mundo por las instancias oficiales y voceros de organizaciones afines, ha dejado duda, creciente y razonable, de la independencia de éste Poder Público, acrecentada además, por que nunca ha dado los resultados finales auditados de los procesos.
El cambio anhelado puede hacerse realidad a través de la incorporación masiva de los ciudadanos al Movimiento de Movimientos, si se establece una relación fluida y orgánica entre todos los sectores que rechazan y se enfrentan al Totalitarismo Castrocomunista y que luchan por la restitución del Estado de Derecho y de Justicai, preservada esa relación de todos los arreglos soterrados y de cálculos bastardos del pasado, como lo ha expresado el Profesor Manuel Rodríguez Mena.
PRINCIPIOS RECTORES
Nos declaramos promotores y defensores de los Derechos Humanos y aceptamos como nuestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A(III), del 10 de diciembre de 1948, y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, proclamada en su Vigésimo Octavo Período Extraordinario de sesiones, el 14 de septiembre de 2001, en Lima, Perú. Ambas convenciones suscritas y ratificadas por Venezuela e incorporadas en la Constitución Nacional con carácter vinculante y obligante.
Actuamos con apego irrestricto a la Constitución Nacional, y en uso pleno de los deberes y derechos ciudadanos consagrados en la misma.
Nos identificamos como parte de la la Sociedad Democrática, que no responde, ni responderá, a directrices de partidos u organizaciones internacionales comprometidas con sistemas políticos no democráticos o de liderazgo individualizado alguno.
Estamos orientados a la integración de un Movimiento de Movimientos que agrupe a todos aquellas organizaciones, formales e informales, que, discutan, compartan y suscriban, los objetivos y las líneas estratégicas enunciados y conjuguen sus esfuerzos a participar activamente e integrarse en un bloque amplio y solidario, sin distingos ni segregaciones de ninguna especie, para cumplir con los mismos.
No propicia liderazgos individuales, sino el surgimiento de los liderazgos masivos y focalizados por todo el ámbito del país.
La experiencia de éstos doce últimos años nos revela, que los procesos electorales, per sé, dejaron de ser un instrumento legal y confiable. Cuestionámos severamentos los aspectos normativos y procedimentales del actual sistema electoral venezolano, y rechazamos seguir participando en condiciones de fraude permanente y de ejercicio abusivo del poder, que se traduce en convalidación del ejercicio autoritario del poder y de legitimación de desempeño del gobierno. En consecuencia, no participará, ni asistirá a ningún proceso electoral, hasta tanto no se den las condiciones de conformación de un nuevo CNE con probados miembros independientes, pulcritud, elaboración y registro de un nuevo padrón electoral, con leyes y reglamentos justos y acordados para los procesos electorales.
El comportamiento sistemático de agresión y descalificación del gobierno, constituye una reiterativa posición contra el diálogo. Por lo que no están dadas las condiciones para el diálogo, ni se puede dialogar con quién rechaza el dialogo y descalifica al que disiente.
La participación de los ciudadanos debe ser incansable, en la calle y en todos aquellos sitios y foros donde el debate de ideas y la defensa de los derechos sean necesario para sumir fuerzas y masa.
Es imperativo constitucional oponerse y desconocer todas aquellas normas y leyes que hayan sido impuestas en contraversión a la decisión del pueblo soberano y de la Constitución Nacional, las leyes y tratados, y acogemos el principio que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, de toda nulidad”.
MISIÓN
La organización de la sociedad en la defensa de sus interéses generales y sectoriales.
VISIÓN
Ser el ejemplo a seguir de la forma de organización de la sociedad, y de la manera efectiva de hacer oposición política, en la defensa de la democracia y de control del gobierno y de los partidos políticos.
OBJETIVOS
Salida Constitucional del régimen de facto imperante en el país.
Organización de la sociedad para que funcione con la mayor independencia y libertad y haga sentir su capital de fuerza para ser consultada y oída por la dirección política en las decisisones que le afecten.
Creación de conciencia ciudadana para que los individuos puedan discernir sobre el sistema político, económico y social, que se pretende imponer en contra de la Constitución y las Leyes y en burla a la voluntad ciudadana.
Activar de manera permanente y creciente a la mayoritaria sociedad democrática venezolana en Defensa y Rescate de la Democracia y Contra el Proyecto Militarista Totalitario.
Empoderar al ciudadano de doctrina y valores de Democracia para que adquiera el nivel necesario de consciencia ciudadana de manera que, individualmente y con la fuerza de la actuación unida, emprenda la defensa activa de sus derechos constitucioneles y cumpla conlos deberes que le impone la Constitución en defensa de la Democracia y el Estado de Derecho y Justicia.
La formación de una red de instituciones y organizaciones sociales de toda índole en defensa y apoyo a la ciudadanía democrática venezolana.
Ser referente de la forma efectiva de hacer oposición y política para la defensa y rescate de la democracia y contra el proyecto Militarista Totalitario que se quiere imponer a los venezolanos.
Dotar a la ciudadanía, de un discurso consistente que tenga capacidad movilizadora de enfrentamiento al proyecto político del régimen.
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